Artículo de Vicenç Navarro en EL PLURAL, 8 de julio de 2010

38x38 Vicenç Navarro VICENÇ NAVARRO 08/07/2010

El presidente Montilla y el Gobierno catalán llevan razón

Me apena pero no me sorprende que la llamada del Presidente Montilla y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la movilización popular en Cataluña, en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), haya creado una respuesta de gran animosidad en sectores intelectuales basados en Madrid, no sólo entre las derechas, sino también en sectores del socialismo madrileño, que han definido tal llamada a la movilización popular como “desaforada”, “insensata” e “histriónica” (entre otros adjetivos) frente a una sentencia del TC que consideran “madura”, “equilibrada”, “sensata” y “ejemplar”, considerando a tal TC como un tribunal motivado única y exclusivamente por criterios jurídicos, deseosos de que cualquier ley en España encaje con la Carta Magna que “los españoles nos dimos en el año 1978”. Se juzga como desproporcionada tal respuesta, pues se asume que la sentencia del TC avala nada menos que el 90% del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y refrendado por el pueblo catalán. Y para añadir más fuego, se acusa al Presidente Montilla de tener una actitud “impropia” de un Estado de Derecho, pues lo que le toca hacer es acatar la sentencia y dejar de movilizar protestas contra el TC. Es más, tales voces insinúan que el Presidente Montilla tiene unas prioridades en su gobierno equivocadas, abandonando los problemas reales de la población en Cataluña entre los cuales el debate del Estatuto palidece en importancia frente a otras áreas algo descuidadas por su Gobierno.

Ante tantas críticas y observaciones insultantes, cabe preguntarse “¿de dónde viene tanto adjetivo descalificador?”. Y la respuesta es que viene de dos visiones muy distintas, no sólo de lo que es España, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. No coincido con la idealización de la Transición que supone la frase “de que los españoles nos dimos la Constitución (como un regalo, por lo visto) en 1978”. La Constitución, como la Transición que la produjo, fue inmodélica, resultado de un proceso muy desigual en el que las fuerzas conservadoras controlaban el aparato del Estado y dominaban el proceso de la Transición. Las izquierdas salían de la clandestinidad y no eran pares en aquel proceso.

Ni que decir tiene que la gran conquista de las izquierdas (y muy en particular, de las movilizaciones obreras) fue que se aceptara en la Constitución que la soberanía viniera del pueblo. Pero, los elementos claves de como esta soberanía se refleja a través de los organismos del Estado, fue dictado por las derechas, bajo la supervisión del Ejército franquista, dificultando enormemente la expresión del poder popular. Desde la Ley Electoral hasta el establecimiento de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el establecimiento del Tribunal Constitucional (así como su composición) fueron resultado de aquellas influencias, siendo estas instituciones gestionadas por un cuerpo judicial enormemente conservador. Como consecuencia de ello, tales organismos están profundamente politizados, siendo utilizados por las derechas para parar las leyes resultado de la soberanía popular. Una ley, aprobada por los dos parlamentos, el catalán y el español, y refrendada por el pueblo catalán está ahora siendo recortada sustancialmente por un tribunal claramente politizado, además de desacreditado.

El PP está utilizando tal tribunal para conseguir lo que no ha conseguido a través de los parlamentos catalán y español, y está enojado además por el resultado del referéndum en Cataluña, que no deseaba. Leo hoy, por cierto, que está llevando al TC la ley del aborto y así un largo etcétera. No es la función de un Tribunal Constitucional hacer de tapón de la voluntad popular. Basado en esta experiencia, me parece una idealización de tal Tribunal definirlo como un organismo neutro y técnico. No lo es y ahí está parte del desacuerdo. Lo que el TC decide depende de la sensibilidad política de sus jueces, convirtiéndose así en una minicámara legislativa politizada. El sistema de selección de sus miembros es único y no se reproduce en otros tribunales de semejante responsabilidad en otros países. De ahí que tal tribunal ha sido utilizado predominantemente por el PP, el cual ha estado dividiendo a los españoles como parte de su estrategia política. Partido enraizado en una dictadura, que justificó su existencia “apelando a la defensa de la unidad de España” frente a lo que llamaba comunistas y separatistas, el PP ha utilizado el TC para parar el Estatuto de Cataluña. La mejor prueba de ello es que llevó al Tribunal Constitucional, muchos elementos que han sido aprobados en otros estatutos (como el andaluz y el valenciano) sin que lo recurrieran.

La movilización del 10 de julio no es contra España, y el Presidente Montilla ha clarificado este punto en su llamada. Dejó muy claro que la protesta no es contra España (de la cual Cataluña es parte), sino en contra del dictamen del TC. Y por razones, además, que exigen una protesta. Fuera de Cataluña, País Vasco y Galicia no se entiende el genocidio cultural que la dictadura intentó hacer sobre las culturas y lenguas catalanas, vascas y gallegas. La primera vez que tuve problemas con la policía nacional fue a la temprana edad de siete años cuando uno de ellos me abofeteó por hablar en catalán (mi lengua materna) insultándome y gritándome que no “hablara como un perro sino como un cristiano”. Le escupí en la cara, por lo que me detuvieron y me llevaron al cuartelillo, llamando a mis padres. Mi padre, que luchó en varios frentes defendiendo a la República española y a la Generalitat de Catalunya, me acarició en la cara y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande que me dio en su vida. Los dos fueron antifascistas hasta el último día de su vida, y amaban profundamente a Cataluña y a España, por lo cual fueron brutalmente represaliados. Y parte de la humillación que sufrieron fue por su defensa de la identidad catalana. Sólo aquellos que sufrimos estas humillaciones pueden entender la intensidad de nuestro interés en defender nuestro idioma y nuestra cultura. Cataluña es además un país pequeño que puede fácilmente quedar absorbido y perder su cultura y su lengua, tal como ha ocurrido en la Cataluña francesa, donde se ha dejado de hablar catalán y las nuevas generaciones ni siquiera lo reconocen. Muchos jacobinos en España desearían que esto ocurriera también en Cataluña. Pero una persona de izquierdas no puede aceptar esto. De ahí la importancia de que sea una lengua preferente y no sólo igualitaria, pues hoy, por mucho que sorprenda, el catalán es todavía el idioma minoritario en los medios en Cataluña. Para que haya dos idiomas en iguales condiciones se requiere, paradójicamente, que, entre iguales, el catalán sea el preferente, es decir, el primero. Ello no implica una discriminación en contra del castellano, sino la necesidad de potenciar el catalán.

Entiendo que se pueda estar en desacuerdo con esta postura que sostengo, pero tal desacuerdo no puede basarse en una situación de imposición y fuerza. El castellano se impuso en Cataluña (y el bofetón del policía es un ejemplo entre miles). De ahí que mis amigos castellanos y del centro de España tienen que ir con pies de plomo y ser súper cautos en sus comentarios, pues son vulnerables de ser acusados de defender intereses que se impusieron por la fuerza en su día en Cataluña. Esta es una realidad, que fue habitualmente utilizada por la derecha nacionalista catalana por causas electorales. Pero el éxito de sus campañas se debía a que había una base real sobre la que se edificaba la protesta. Referirse a esto como meramente victimismo es semejante a desmerecer la causa sindical por querer corregir injusticias laborales. En España, la dictadura se basó en una imposición de clase y de nación. Esto está ampliamente concienciado en las izquierdas catalanas, cuya proclama en la lucha antifascista durante la clandestinidad era “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”.

La gran sorpresa del socialismo centrado en Madrid fue que cuando ganaron las izquierdas, éstas fueron incluso más exigentes en su demanda de autogobierno y reconocimiento identitario, olvidando que fueron las izquierdas (y no las derechas nacionalistas, con notables excepciones) las que, durante la dictadura, defendieron la identidad catalana. Para colmo, hoy tal demanda la lidera un catalán nacido en Andalucía, un “charnego” como decían las derechas catalanas. De ahí el odio que recibe dentro y fuera de Cataluña. Unos lo consideran un impostor, otros un traidor (o, como dijo un socialista establecido durante treinta años en Madrid, un socialista contaminado de nacionalismo). Montilla es, como millones de catalanes, un catalán que se siente español, pero que se indigna por la falta de sensibilidad que se tiene en Madrid hacia la redefinición de lo que es España.

Durante cuatro años se ha ido desarrollando el estatuto sin que España se rompiera. Pero las derechas y algunas izquierdas no quieren que se redefina esta España. Y el TC es uno de ellos. Esta redefinición incluye la sustitución de una España radial centrada en Madrid por una España plurinacional en que, como en EEUU, algunos órganos del Estado central están ubicados en Madrid y otros en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Badajoz, y otras capitales de España, con pérdida del excesivo protagonismo que tiene Madrid y que es lo que explica, en gran parte, la resistencia del establishment político y mediático madrileño a esta redefinición, sea del color que sea. Y esta plurinacionalidad tiene que respetar las especificidades de cada componente, y no tratar de frenar o inhibir la diversidad que enriquece España.

Ni que decir tiene que estas resistencias a redefinir España están azuzando el independentismo, que ha crecido enormemente. El 25% de la población catalana se muestra favorable a la independencia. Esta lucha ideológica la tenemos que llevar a cabo en Cataluña y se vencerá o perderá en Cataluña. Pero pediríamos a nuestros amigos del resto de España que ayudaran en lugar de animar al independentismo que es lo que hacen cuando insultan y muestran su enorme incomprensión.

Una última observación referente a la supuesta falta de atención del gobierno de izquierdas a los problemas de cotidianeidad del pueblo catalán. El gobierno catalán ha sido uno de los gobiernos en las CCAA que ha mostrado mayor compromiso social (disminuyendo considerablemente el déficit de gasto publico social en Cataluña con el promedio de la UE-15), habiendo sido el primero en aumentar los impuestos de las rentas superiores, algo que no ha hecho el gobierno español socialista, y sobre el cual, las izquierdas socialistas madrileñas han guardado un silencio ensordecedor. Ganarían credibilidad en sus críticas si mostraran mayor protagonismo en la defensa de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, y menos en su defensa del TC.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Nota del Autor

Este artículo responde algunas de las críticas que el establishment mediático y político basado en Madrid (incluyendo voces del socialismo madrileño) ha hecho al Presidente Montilla por su llamada a la movilización popular del 10 julio. El articulo señala que tal protesta no es contra España (como los nacionalismos centrales y periféricos intentan presentarlo) sino contra el TC y su instrumentalización por las derechas españolas (y algunas otras voces estancadas en el pensamiento heredado del régimen anterior) para diluir un Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes Españolas y refrendadas por el pueblo catalán. El dictamen del TC es un paso atrás hacia la realización de una España plurinacional, resentida y no deseada por una concepción centralista y uniforme de España.

El autor

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Tuvo que exiliarse de España por razones políticas. Ha vivido y trabajado en Suecia (Upsala), Gran Bretaña (London School and Economics, Oxford y Edimburgo) y en EEUU (The Johns Hopkins University) donde ha sido Catedrático de Políticas Públicas y Ciencias Políticas. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutensede Madrid y se integró a la vida académica catalana como Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y más tarde como Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales patrocinado junto con The Johns Hopkins University, en el que continúa siendo profesor. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos incluyendo: el gobierno de Unidad Popular de Chile, el gobierno cubano (en su reforma sanitaria), el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y “d’entesa” catalanes, así como al gobierno federal de EEUU, habiendo sido miembro del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Sus áreas de investigación son: Economia Política, Estado de Bienestar y Estudios Políticos. Ha publicado extensamente (24 libros traducidos a varios idiomas) siendo los más recientes el Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama y Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. En 2002, recibió el premio de ensayo de la Editorial Anagrama por su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país.

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