¿Están en riesgo las pensiones por la Independencia?

En estos momentos existe un debate sobre las pensiones en caso que Cataluña se independizase de España. Evidentemente, todas ellas interesadas y ninguna con razonamientos más allá del argumento pueril.

Es un tema lo suficientemente importante como para analizar los diferentes escenarios y las consecuencias que, para las pensiones y las personas que las perciben, supone la propuesta de independencia que defienden abiertamente las candidaturas de JPS y las CUP.

Catalunya es una de las comunidades que más aporta al sistema de pensiones, siendo además la comunidad con mayor número de pensionistas y una en las que la media de pensiones es más alta, de acuerdo con los datos actuales de la Seguridad Social.

El sistema de pensiones está basado en la solidaridad entre personas en la que las aportaciones que realizan diariamente los empresarios y trabajadores con sus cotizaciones sirven para afrontar el gasto de las mismas.

Actualmente en España existe una clara situación de desequilibrio por dos claros motivos: la edad y el desempleo. Por la pirámide de edades de España, la base que deberá hacer las aportaciones en el futuro cada vez es más reducida en número de personas, dato al que hay que sumar que de aquellas personas que podrían cotizar y aportar al sistema el 20% está en situación de desempleo. Ese desequilibrio existe también en Cataluña y por las mismas causas.

Otro elemento a tener en cuenta que debido al incremento de las personas jubiladas así como la longevidad de las mismas, los fondos para abonarlas deben de ser mayores cada año.

No se trata de cuestionar el sistema español de pensiones sino de hacer una somera fotografía que sirva para el tema principal de debate.

Hacienda de Cataluña

Una de las principales acciones que tiene previsto realizar JPS es crear una hacienda propia con el embrión de ICF como banco central, a la que todos los catalanes y catalanas paguemos los impuestos directos e indirectos para hacer frente a los costes derivados del Nou País.

Es importante saber en que momento entrará en vigor este mecanismo que los propios secesionistas califican de fundamental para conseguir la independencia, cosa que es cierta ya que sin independencia económica nada tiene sentido.

Esta situación tiene un doble filo, ya que si bien es cierto que la independencia económica puede ser el auténtico elemento que visualice la desconexión entre Cataluña y España también es cierto que supondrá un reto importante, ya que en el momento en que la Hacienda Catalana asuma el cobro de los impuestos en Catalunya estará asumiendo a su vez dar respuesta íntegramente a todas los servicios que en la actualidad se prestan en Cataluña incluyendo los que da el Estado, como las pensiones.

¿Quién pagará?

Existen básicamente dos versiones, la primera es que las pensiones son españolas ya que el derecho se generó en este país y corresponde a ese estado seguir haciendo frente a las mismas mientras que otra versión dice que el derecho se generó en Catalunya y será el nuevo estado el que se haga cargo.

Desde luego, teniendo en cuenta el argumento del encabezamiento, España no puede pagar el todo si no cobra el todo, por lo que todo parece indicar que, de entrada, al recibir Catalunya las aportaciones económicas actuales sea la Generalitat la administración responsable de garantizar el derecho.

Datos, derechos y otros

Aquí encontramos otro punto de conflicto. En una relación de igual a igual en la que las decisiones se toman de mutuo acuerdo, como los traspasos de competencias del Estatuto, cualquier traspaso de información se lleva a cabo mediante un protocolo acordado, unos plazos de entrega y unas condiciones específicas para su buen funcionamiento y que se garanticen los derechos de los afectados. Estos traspasos suelen durar meses sino años.

Claro, que hablamos de un traspaso entre iguales de buen rollo, pero como JPS ha puesto la directa, eso no se prevé que sea así. O sea que la Generalitat no dispondrá de dato alguno para hacer frente al pago de las pensiones mientras que si que estará recibiendo el dinero. Primer gran foco de conflicto que paralizaría la percepción de las pensiones durante meses, sino años.

Cotizaciones

Si además, una persona catalana que haya estado cotizando durante unos años en una Cataluña española (España), ahora, de golpe y porrazo inicia la cotización en el Nou País puede darse el caso que pierda los años cotizados y deba empezar de cero, ya que ni existirán datos fiables ni podrá achacarse a España ya que, si el cálculo de la prestación se realiza desde los últimos años cotizados y esa persona ya lo hace en otro país, perderá esos derechos.

Suponiendo, y es mucho suponer, que Catalunya quisiera reconocer los derechos, será obligación del derechohabiente –la persona- reclamar a las autoridades españolas un certificado. Claro que, en el ámbito del enfrentamiento, poco le constaría a España certificar derechos máximos e inexistentes a todo aquel que lo pidiese y que supondría un lastre para el Nou País. En todo caso, la carga de prueba recaería sobre el ciudadano con lo que se generaría un gravísimo problema especialmente entre los que ya reciben la prestación y los que estrían a punto de recibirla.

Pago

El pago de la prestación reconocida por el Nuevo Estado se realizaría con el dinero recaudado disponible, lo que plantea un nuevo problema: ¿Qué pasa si no todo el mundo paga?

Los ayuntamientos afines al movimiento secesionista seguro que desde el primer momento ponen a disposición de la futura hacienda catalana todo el capital, pero ¿y los demás? Y los empresarios  y ciudadanos que decidan seguir pagando al Estado Español? ¿Qué mecanismos de obligación empleará la Generalitat? Si, por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona no accede a hacer uso de la Hacienda pública Catalana que ¿hará la Generalitat? Y al ciudadano medio, ¿Cómo le van a obligar que pague a la hacienda Catalana?

Únicamente con que el Ayuntamiento de Barcelona no hiciese uso de los mecanismos de la Hacienda Catalana el sistema completo se vería comprometido y sería económicamente insolvente, per se. Pero es que, además, asumir que todos los funcionarios con mando en plaza, sean del Ayuntamiento que sean, vayan a cumplir las directrices del Nou País con riesgo evidente de caer en la prevaricación se antoja muy difícil.

Es evidente que en el nuevo estado, los mecanismos de presión y coacción recaerían sobre aquellas administraciones, entidades o personas que no cumpliesen la normativa Catalana pero existirá también justicia y, por ejemplo, se podrían depositar las cantidades que corresponda abonar en el juzgado mientras se defienden sus intereses en un caso que se prevé largo y que, aunque acabe dando la razón a uno u otro, ese dinero no podrá utilizarse.

Teniendo en cuenta los datos a día de hoy de la seguridad social que establece que en Catalunya hay 1.668.959 pensionistas con una pensión media de 919,11€/mes, el Nou País debería garantizar disponer más de 1.533 millones de euros mensuales para hacer frente al pago de las pensiones, cosa que se plantea harto difícil.

Fondo de garantía

En la actualidad, el sistema de pensiones tiene un fondo que garantiza el pago de las pensiones.  El Nou País debería establecer un fondo de garantía de pensiones desde el primer día para garantizar las pensiones en Catalunya.

Tal y como hemos comentado anteriormente, el coste mensual de las pensiones en Catalunya es de más de 1.533 millones de euros mensuales; un fondo para garantizar las pensiones desde el primer día y evitar, los problemas derivados de la imposibilidad real de recaudar que hemos explicitado anteriormente, para un periodo de un año debiera ser de más de 18.400 millones de Euros, cosa que se nos antoja imposible.

Como queda dicho, la base de las pensiones es la solidaridad de los empresarios y trabajadores para con las personas pensionistas y si esta se quiebra, el pago de las pensiones es imposible.

Solución Sala i Martín

El economista de cabecera del independentismo y asesor personal del President Mas tiene la solución. En una entrevista a El Economista del 2014, la mejor opción sería decantarse por un sistema de capitalización privado: “Los trabajadores escogen un fondo de pensiones privado que administra el dinero, estos fondos compiten para obtener las mejores contribuciones de cada uno de los trabajadores“.

Sala i Martín cree que el sistema de Chile es un buen ejemplo, los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile “no tienen libertad absoluta para invertir donde mejor les parezca: están regularizados y asegurados con el objetivo de proteger al trabajador de quiebras. Por ejemplo, al menos el 50% de los fondos deben ser invertidos en bonos del estado y no más del 50% puede ser invertido en valores privados“, señala el catedrático en un documento publicado por la Universidad de Columbia.

CONCLUSIONES

  • Catalunya es la comunidad con mayor número de pensionistas y una de las que la media de pensiones es más alta.
  • En el momento en que la Hacienda Catalana asuma el cobro de los impuestos en Catalunya estará asumiendo a su vez dar respuesta íntegramente a todas los servicios que en la actualidad se prestan en Cataluña incluyendo los que da el Estado, como las pensiones
  • Catalunya deberá hacer frente de las pensiones que se perciban en su territorio debido al sistema de solidaridad existente.
  • La carencia de datos obligará al ciudadano a demostrar los derechos adquiridos mediante un certificado que emitan las autoridades españolas.
  • Cabe el riesgo de perder los derechos adquiridos en la cotización de una pensión.
  • La liquidez del sistema de pensiones será muy complicada los primeros años debido a la dualidad de sistemas y a la más que probable precariedad de la Hacienda Catalana.
  • Únicamente con que el Ayuntamiento de Barcelona no hiciese uso de los mecanismos de la Hacienda Catalana el sistema completo se vería comprometido y sería económicamente insolvente, per se.
  • El Nou País debería garantizar disponer más de 1.533 millones de euros mensuales para hacer frente al pago de las pensiones y disponer de un Fondo para garantizar su pago para un periodo de un año de más de 18.400 millones de Euros, cosa que se nos antoja imposible.
  • En el Nou País el sistema de pensiones privado será la mejor solución a los problemas.
  • Un Nou País nacido del enfrentamiento, la disensión y la ruptura entre territorios históricos no podrá hacer frente a las pensiones a corto y medio plazo por imposibilidad técnica. A largo plazo podrían cobrarse aquellas que hayan sido probadas su existencia y derechos.

En resumen, la independencia no solo no garantiza las pensiones sino que provocará la quiebra real del sistema de pensiones catalán.

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